Por años, Bolivia construyó un modelo en el que la inversión privada convivió con una fuerte presencia del Estado y con episodios de nacionalizaciones y estatizaciones. Ahora, el Gobierno busca modificar parte de ese esquema y crear un marco que otorgue mayor previsibilidad a quienes decidan invertir en el país. El proyecto de Ley de Inversiones presentado ante la Asamblea Legislativa propone, entre otras medidas, crear una Agencia Nacional de Inversiones y establecer reglas más claras para la promoción, protección y evaluación de las inversiones.
La discusión sobre la inversión en Bolivia no es solamente jurídica. Es, en última instancia, una discusión sobre qué tipo de economía quiere construir el país durante las próximas décadas.
El Gobierno de Rodrigo Paz presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Inversiones compuesto por 103 artículos, con una premisa central: hacer de la inversión un componente normal y permanente de la economía boliviana, en lugar de considerarla un fenómeno excepcional.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa se apoya en tres grandes pilares: normalizar la inversión, generar condiciones de estabilidad y confianza para los inversores y ordenar un conjunto de normas e incentivos que actualmente se encuentran dispersos.
Pero detrás de esos tres conceptos aparece una cuestión más profunda: ¿puede Bolivia atraer capital privado de manera sostenida si los inversores no tienen suficiente previsibilidad sobre las reglas del juego?
La inversión necesita algo más que incentivos
Uno de los puntos centrales del proyecto no consiste simplemente en ofrecer beneficios fiscales, sino en generar algo fundamental para cualquier inversión de largo plazo: previsibilidad.
Pero previsibilidad no significa eliminar impuestos ni resignar recaudación. Significa establecer reglas tributarias y regulatorias claras y estables, que permitan a las empresas conocer de antemano las condiciones bajo las cuales van a invertir.
El objetivo debería ser que una mayor previsibilidad genere más inversión, producción y empleo, ampliando así la base sobre la que recauda el Estado.
En otras palabras, no se trata necesariamente de que el Estado recaude menos, sino de crear las condiciones para que la economía crezca y, con ella, también pueda crecer la recaudación, permitiendo financiar infraestructura, educación, salud y otros gastos necesarios para el desarrollo.
El desafío, por lo tanto, es encontrar un equilibrio entre un Estado con capacidad de recaudar y regular y un sector privado que tenga la suficiente certeza para comprometer capital en proyectos de largo plazo
La intención declarada es que estos principios puedan aplicarse sin modificar la Constitución Política del Estado.
El punto más sensible: expropiaciones y nacionalizaciones
Probablemente uno de los aspectos más relevantes —y también más controvertidos— sea el intento de limitar la discrecionalidad política en materia de expropiaciones y nacionalizaciones.
Espinoza sostuvo que durante los últimos años Bolivia atravesó procesos de nacionalización y estatización cuyos costos económicos comenzaron a hacerse visibles posteriormente, especialmente a través de arbitrajes y litigios.
El proyecto no plantea eliminar la posibilidad de que el Estado ejerza sus facultades de expropiación o nacionalización.
La diferencia estaría en cómo se toman esas decisiones.
Según explicó el ministro, determinados procesos deberían adquirir carácter de prioridad nacional y requerir la intervención de la Asamblea Legislativa. Además, se reconoce el valor patrimonial de los activos afectados.
El objetivo, desde la perspectiva del Gobierno, es que una decisión de esta magnitud deje de depender exclusivamente de la autoridad política de turno y pase a estar respaldada por un procedimiento institucional más definido.
Esto es particularmente importante para los inversores extranjeros.
Desde el punto de vista económico, una cosa es asumir el riesgo normal de un negocio y otra muy diferente es asumir un riesgo político difícil de cuantificar.
¿Y qué ocurre con el arbitraje internacional?
Otro punto relevante es el tratamiento de los conflictos entre inversores y el Estado.
El proyecto contempla la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en aquellos casos en los que el marco constitucional y los compromisos internacionales de Bolivia lo permitan.
El tema no es menor.
Para un inversor extranjero, contar con mecanismos de resolución de controversias puede ser un elemento importante al momento de decidir entre distintos países.
Sin embargo, tampoco significa que cualquier controversia pueda trasladarse automáticamente a un tribunal internacional. La propia Constitución establece determinadas restricciones y el alcance dependerá de los sectores, contratos y tratados involucrados.
Por eso, uno de los puntos que habrá que observar durante el tratamiento legislativo será cómo se traduce en normas concretas esa intención de ofrecer mayor protección jurídica.
La nueva Agencia Nacional de Inversiones
Quizás uno de los cambios institucionales más importantes sea la creación de una Agencia Nacional de Inversiones.
La idea es concentrar y coordinar esfuerzos que actualmente se encuentran distribuidos entre distintas instituciones del Estado y entre diferentes niveles de gobierno.
La agencia tendría, entre otras funciones, tres objetivos:
- elaborar un Plan Nacional de Inversiones;
- desarrollar una estrategia para priorizar inversiones;
- promover inversiones bolivianas y extranjeras en el exterior.
Esto busca resolver un problema que el propio ministro describió como una actitud históricamente “reactiva” frente a la inversión.
La diferencia es importante.
Un país puede limitarse a esperar que lleguen inversores o puede diseñar una estrategia para identificar qué sectores necesita desarrollar, qué capital requiere y qué condiciones debe generar para atraerlo.
La segunda alternativa implica pensar la inversión como política de Estado y no solamente como una operación empresarial.
Del gas y la minería hacia una economía diferente
Otro elemento interesante del proyecto es la definición de sectores estratégicos.
Durante décadas, la política de atracción de inversiones de Bolivia estuvo fuertemente vinculada a los hidrocarburos y la minería.
El nuevo enfoque pretende ampliar esa mirada.
El proyecto identifica oportunidades vinculadas con la logística, la inteligencia artificial, la economía digital, la innovación y las energías alternativas, incluyendo el hidrógeno y la energía solar.
Esto tiene especial relevancia para Bolivia.
El país enfrenta una transformación de su estructura productiva. La reducción del peso de los hidrocarburos obliga a buscar nuevas fuentes de generación de divisas, inversión y crecimiento.
En ese contexto, litio, minería, energías renovables, infraestructura, tecnología y economía digital podrían adquirir una importancia creciente.
La pregunta será si el nuevo marco legal consigue convertir ese potencial en proyectos concretos.
El verdadero desafío empieza después de aprobar la ley
Una ley de inversiones puede establecer principios, crear instituciones y ordenar normas. Pero no puede, por sí sola, generar inversiones.
Los capitales llegan cuando existe una combinación de factores: estabilidad macroeconómica, acceso a divisas, infraestructura, seguridad jurídica, reglas tributarias previsibles, capacidad institucional y expectativas razonables de rentabilidad.
Por eso, el verdadero examen del proyecto no estará solamente en su aprobación.
Estará en qué ocurre después.
Si una empresa extranjera puede leer la nueva legislación y entender con claridad cuáles son sus derechos y obligaciones, habrá un avance.
Si además puede obtener permisos en plazos razonables, acceder a infraestructura, disponer de mecanismos previsibles para resolver controversias y operar dentro de un marco macroeconómico estable, el efecto podría ser mucho mayor.
Pero si la nueva agencia se convierte simplemente en otra estructura burocrática, si los incentivos son difíciles de aplicar o si persisten problemas económicos e institucionales que exceden a la propia ley, el impacto será necesariamente limitado.
La oportunidad y el riesgo
Bolivia necesita inversión.
Necesita capital para infraestructura, energía, minería, tecnología, producción y exportaciones. Y necesita, especialmente, inversión que genere capacidad productiva y divisas de manera sostenible.
Por eso, el proyecto de Ley de Inversiones llega en un momento particularmente relevante.
La oportunidad es construir un marco institucional que permita que el capital privado —nacional y extranjero— tenga mayor previsibilidad para apostar por proyectos de largo plazo.
El riesgo es creer que una nueva ley alcanza para resolver un problema que también es macroeconómico, institucional y político.
La inversión no se decreta.
Se construye confianza.
Y esa confianza no depende solamente del texto de una ley, sino de la capacidad del Estado para sostener las reglas que promete.
La aprobación del proyecto será, por lo tanto, apenas el primer capítulo. El verdadero desafío será demostrar que Bolivia puede ofrecer algo que los grandes proyectos de inversión necesitan por encima de casi cualquier incentivo: reglas claras, estabilidad y la certeza de que esas reglas seguirán vigentes cuando llegue el momento de recuperar la inversión.